La falacia del nacionalismo.

Desde los orígenes de la inacabada Transición (debido a no optar por una ruptura democrática) hasta el presente, hablar de España como un hecho nacional supone una provocación. Esto está esencialmente ligado al consenso franquista por diluir la conciencia nacional al aceptar un error intelectual básico: creer que la nación depende de la voluntad, en contraposición a ser un hecho objetivo dado de antemano e independiente a la libertad de conciencia que se posea para negarlo y/o afirmarlo, pues su existencia precede a esta misma (siendo inclusive independiente a la existencia o no de un régimen de libertades).

Lo opuesto a un hecho nacional independiente de la voluntad son las concepciones afirmadas por José Antonio Primo de Rivera o José Ortega y Gasset, que, aun siendo enormemente dispares en cuanto a las ideas que éstos enuncian, coinciden en la incidencia del voluntarismo social en la formación del hecho nacional. Así, tanto la visión franquista como la juancarlista poseen en común este precepto, pues la toman como una forma particular de ordenar la sociedad en función de la voluntad; la primera, como una unidad en el destino; la segunda, en torno a un sugestivo pacto de bien común.

La dinámica de las naciones no depende de la voluntad política sino de su capacidad de modificar las condiciones naturales de su existencia, no hay libertad de crear naciones o lenguas, pues éstas son instituciones que tan solo el devenir puede crear, el fruto de la interacción colectiva creadora de una historia cultural ya dada. En la formación del hecho nacional es más determinante la geografía, el clima o las condiciones ecológicas que las aspiraciones de sus moradores (distinción desigual en el territorio).

En cuanto al derecho de autodeterminación de las naciones en España, debemos apuntar preliminarmente que son los Estados los que son sujetos de derecho público internacional y que la titularidad de los derechos subjetivos es únicamente de los individuos. De esta forma, ni las naciones poseen un destino histórico predeterminado por la voluntad, ni los pueblos poseen derechos; así, la independencia de un pueblo no es fruto de la libertad política dentro de la nación, sino en todo caso un reflejo de la fuerza.

Además, utilizar el término autodeterminación es una incorreción jurídica ya que se usa como un término dirimido positivamente por el derecho internacional público en el marco de la ONU para ordenar los procesos descolonizadores del s. XIX de las potencias europeas y, por tanto, se exige una referencia a la metrópoli como un acto colonizador localizado en el tiempo que entra en conflicto con otra potencia colonizadora, o con la existencia de estructuras estatales previas. Al no encontrarse aunadas estas condiciones, el derecho de autodeterminación nacional no puede ser reclamado ante un tribunal internacional, pues las aspiraciones separatistas no son comparables a la situación de Argelia, Sáhara o Mozambique, que se encuentran asentadas en razonamientos jurídicos en vez de sentimientos místicos.

Examinando los argumentos aducidos por los nacionalismos periféricos, podemos observar la lengua, por el cual se infiere en que aquellos que poseen una lengua particular poseen, o deben poseer, un Estado propio. Aunque ésta, como hemos dicho antes, sea lo más original que posee una nación, hay que examinar si su evolución histórica no ha hecho de la misma un signo distintivo o prioritario de la identidad. Asimismo, es imposible objetivar los particularismos lingüísticos para asociarlos irrefutablemente a una supuesta «lengua nacional» ya que éstas se entremezclan, nutren y evolucionan, siendo impracticable conocer si es una lengua distinta. Ejemplos como el aranés en Cataluña o la creación de leguas vascas, gallegas y catalanas académicas son una clara intención de buscar una uniformidad mítica de la lengua como razón de Estado.

El nacionalismo moderado o democrático, que utiliza esta trampa dialéctica con ambiciones puramente estatalistas poseen una clara ventaja discursiva, pues, cuando se le acorrala en relación a la discordancia de sus postulados con la realidad, recurren al elemento sentimental como sustento último de su afán de Estado; y, como es bien sabido, contra el sentimiento no se pueden discutir en mano de criterios racionales. Por estos motivos, el nacionalista presenta a la nación no como el hecho de la existencia humana que es, si no con derechos subjetivos y sentimientos, personalizándola. Esta posición deformada de los derechos individuales es un razonamiento polilogista que dota de derechos a comunidades por el hecho de pertenecer a la misma y a una forma de pensar propias.

Inmersos en este entramado nos encontramos con un problema irresoluble: la individualización de estos derechos. Mientras que en el caso del individuo el sujeto de derechos y deberes resulta inequívocamente identificables con el titular de estos (individualidad orgánica), los pueblos/naciones están indisolublemente ligados unos a otros entremezclando etnia, lengua y cultura, siendo imposible identificar su desarrollo estacional aislado; por ello, la única manera que existe de distinción es mediante la realidad estatal y la culminación en la formación de un Estado moderno.

Este mito sentimental nacionalista hunde sus raíces más profundas en el romanticismo clásico de Johann Gottfried Herder y Johann Gottlieb Fichte por lo que precisa de una causa justa que precise su existencia, una razón de ser que justifique su fin último (estatalista). Este fin es el victimismo y la causa «justa»: es la situación de presión que dicen sufrir estas regiones, por lo que se ven situados en un estado de necesidad o peligro de extinción de lo que se considera como propio, lo que victimariamente a algunos los lleva a promover la separación común para la supervivencia.

Relacionado a esta causa justa, podemos observar que la intensidad de la acción política y violenta de los nacionalismos poseen su repunte ante situaciones de debilidad del Estado que se quieren separar, y, disminuyen su resistencia en los momentos en que más necesarios son (por ejemplo, en el momento en que en la dictadura se suprimen las manifestaciones de particularismos locales, siendo el nacionalismo un mero elemento testimonial en la oposición al régimen).

Ya Tocqueville advierte que la tendencia a la cohesión regional en grandes naciones tiene su fundamento en que las tiranías cercanas y locales son sentidas con mayor agobio e intensidad que la acción vigía desde un centro gobernante. Concluimos, pues, que no son criterios de legítima defensa lo que guía el actuar nacionalista, si no tan solo el mero oportunismo; siendo esta una norma universal (tal como en la caída del imperialismo en España o la URSS). El nacionalismo, por tanto, mantiene su razón de ser no teniendo éxito ya que, de lo contrario, si se logran finalmente sus aspiraciones, desaparecería su razón de ser a no ser que se transformen ellos mismos en imperialistas oprimiendo a otros agentes externos o minorías que no pertenezcan a la dominante. De esta forma, las palabras del eminente jurista, abogado, notario, escritor, político y pensador español Antonio García-Trevijano Forte, toman su plenitud afirmando que, en el fondo de toda idea nacionalista, está germinando la flor del fascismo.

El origen clave de este entramado problemático de nacionalismo es el sentimiento antiespañol propiciado por la Transición, que establece claramente la permanencia en el poder de los servidores últimos de la dictadura; continúan las personas que oprimieron los particularismos, la lengua y la cultura vasca, catalana y gallega, y en consecuencia, se continúa con una concepción del poder como represor e identificando la conciencia nacional española con el residual fascismo represor. Estos, sin embargo, fueron apoyados y mantenidos en las redes de poder por los dirigentes propios del nacionalismo clandestino que no titubearon momento alguno en aceptarlo si esto significaban que serían invitados a los magnánimos salones del poder arraigándose a la voluntad única de conseguir un Estado, fuere cual fuere éste, lo que termina fraguando en el concepto de autonomía.

Descartada la vía federal, inasumible la centralista y fracasada la autonómica, se alza la democracia formal, funcionando como un elemento cohesionador e integrador de las demandas nacionalistas, y destruyendo el proceso de centrifugado repetitivo que se potencia por el actual mecanismo constitucional que permite tener abiertas las transferencias competenciales a las Comunidades Autónomas. El presidencialismo, elegido en circunscripción nacional única a doblevuelta si fuere necesario, asegura la unidad de la nación, pues es elegido por todos los ciudadanos, obligando a los candidatos a introducir en sus programas las aspiraciones de los diversos pueblos, así como sus necesidades a dirimir en el ámbito puramente ejecutivo sin llegar a la desintegración. Los municipios se erigirían como auténticos poderes locales favoreciendo la descentralización, así como la eliminación de las oligarquías políticas regionales financiadas por el Estado de las Autonomías.

La aplicación del principio representativo de forma real y efectiva, mediante el establecimiento del sistema mayoritario por distrito electoral uninominal a doblevuelta, concede a los ciudadanos igualdad para elegir a sus representantes legislativos, que pueden ser igualmente revocados a partir de un número constitucionalmente válido de firmas. Como contrapeso, se añadiría la facultad de la Asamblea Legislativa para deponer por mayoría absoluta al presidente, y, de igual forma, el presidente a la Asamblea Legislativa con la única condición de que se deben plebiscitar de nuevo los dos cargos políticos, de forma que los conflictos institucionales y las crisis las resuelven los gobernados.

La justicia, como piedra angular de la democracia, no es un poder político, es una facultad estatal o, en palabras de Montesquieu «presque null» (poder casi nulo) que debe examinar concienzudamente las leyes elaboradas por el aparato legislativo para su posterior aplicación en casos particulares, garantizando su independencia de las redes de poder políticas y/o económicas.

Por último, y más importante, sacar a los partidos del Estado (residuo totalitario de las tesis de Alfredo Rocco que aún perviven) y devolverlos a donde realmente pertenecen y de donde nunca debieron salir: a la sociedad civil, que actúen como asociaciones políticas sin subvenciones estatales ni donaciones y que únicamente sean financiados por las cuotas ordinarias de sus afiliados.

Para concluir, remarcar que la problemática nacional en la que España se encuentra inmersa es inseparable a la solución que radica en la notable crisis del Estado de Partidos, las Autonomías y los poderes no separados, y, no será resuelta en tanto que tenga lugar una transformación democrática.

Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución.

Artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789