Ruina económica

En 1968, España era la 8ª potencia mundial. Quizá esto le sorprenda. El puesto ha ido variando, con subidas y bajadas hasta la actualidad cuando ocupamos el puesto 14, por debajo de Italia, Brasil o Corea del Sur. Hemos pasado de una tasa de paro del 3,7% en 1975 a más del 20% en 2020. De soportar una presión fiscal (porcentaje recaudado mediante impuestos sobre el PIB) del 19,7% en 1977 al 39,6% en 2020. De sufragar un gasto público (gastos en el ámbito público respecto al PIB) del 31% en 1980 al 52% estimado para 2020; esto no quiere decir que ese dinero, nuestro dinero, se gaste en nosotros, como ha quedado demostrado en el artículo anterior.

Soportamos una deuda pública que en 1975 suponía el 7,3% del PIB y que hoy supera el 110%, o incluso el 171% si atendemos a los estudios de cuatro economistas españoles, que apuntan a que las cifras del PIB son falsas y que, al ser el PIB inferior al publicado, el porcentaje de la deuda es, lógicamente, mayor. Mientras lee usted estas líneas la deuda sigue creciendo, hoy subirá otros 50 millones de euros. España es un yonki, hace años que habríamos suspendido pagos y sufrido una crisis histórica de no ser porque nuestro principal camello, el Banco Central Europeo (BCE), nos ha ido suministrando (bueno, a los bancos, no a las arcas públicas directamente) suculentas dosis de dinero a sabiendas de que no vamos a pagar nunca. Es una trampa, España pertenece cada día menos a los españoles. La mitad de la deuda está en manos extranjeras. Si tiene usted menos de 50 años, ya debería saber que las probabilidades de que cobre una pensión de jubilación son cercanas a cero.

Algo que podría paliar esta debacle sería el sector industrial, pero lamentará conocer que nuestra industria ha adelgazado enormemente en los últimos 40 años, pasando de suponer un 30% del PIB en 1975 al actual 12,6%. La reconversión industrial de los años 80 no reconvirtió nada, en lugar de modernizar la industria existente, la dejó morir. Y no fue algo fortuito, en política no existe la casualidad. La oligarquía reinante necesitaba la homologación «democrática» de sus vecinos europeos y decidieron entrar en el selecto club mercantil de la Comunidad Económica Europea, dominado por Francia y Alemania, plegándose a los intereses de éstos, es decir, desmantelando todo aquello que supusiese una competencia o no necesitaran tales países y dejándonos como un país de servicios. Esto afectó a la industria textil, naval, lechera, siderúrgica y automovilística. Por no hablar del sector primario, la exportación de vino, carne, frutas, aceite… o las restricciones a la pesca. A cambio de todo este desastre, los políticos españoles recibirían enormes sumas de dinero europeo para realizar los cambios estructurales que España necesitaba. Qué gran inversión. Más tarde, a finales de los 90, llegaría la entrada en el Euro, otra medalla para la oligarquía presidida por un señor distinto. Uno de los requisitos para participar de la nueva moneda era la reducción del déficit público, y para cumplirlo se vendieron multitud de empresas públicas, entre otras: Repsol, Endesa, Tabacalera, Gas Natural, Telefónica y Argentaria.

Síntomas por doquier. Nuestros familiares y amigos no encuentran trabajo, o tienen que emigrar. Nuestra capacidad de ahorro es muy reducida, no salimos nunca del pozo. Las instituciones funcionan más despacio. No hay líderes que velen por el bien de los españoles, nos dirigen oligarcas que nos venden a la primera de cambio.

¿Qué hay del emprendimiento? Un pequeño empresario que acaba de empezar debe cumplir con unas obligaciones burocráticas que no todo el mundo tiene tiempo de gestionar (las mañanas que se pierden en la Administración Pública son horas que no se está produciendo y cobrando), por no hablar de la ingente cantidad de leyes y regulaciones que hay que conocer, no sea que pise uno una ilegalidad sin querer. Se hace obligatorio el pago a una gestoría que lleve el papeleo. Aunque ese emprendedor tenga pérdidas al cabo del mes, deberá abonar religiosamente la cuota fija de autónomos, ahondando en su déficit. Mejor será que no necesite contratar a nadie, porque el coste es elevadísimo debido a la cantidad de impuestos que debe pagar el empleado. Dependiendo del sector al que se dedique, tendrá que estar al tanto de muchas regulaciones estatales, autonómicas y municipales, y realizar inversiones para mantenerse en la legalidad. Cosa sencilla para las grandes empresas pero que puede suponer un gran esfuerzo para una PYME. No parece un ambiente muy halagüeño para emprender.

¿Qué hay de la inversión extranjera? Cuando un empresario extranjero quiere montar algo en España por primera vez se echa las manos a la cabeza por la barbaridad de legislaciones que debe cumplir, distintas entre autonomías y municipios. Dicen que por la cantidad de leyes se conoce si el sistema político de un país tiende más a un totalitarismo (más leyes) o a una democracia (menos leyes). En España hay en vigor 100.000 leyes, de las cuales 65.000 son autonómicas. Cada año, se imprimen más de 1 millón de páginas en los boletines oficiales.

Está escrito en el Código Civil, artículo 6.1: La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento; pues bien, en una entrevista al Ministro de Hacienda en la revista Telva nº 908 publicada en diciembre de 2014, el excelentísimo fue preguntado:

Entrevistador: ¿Por qué la actuación política es tan lenta, por qué tenemos la impresión de que todo es palabrería y en el fondo las cosas siguen igual?

Ministro: Desde mi posición se ve distinto. Hacemos tantas reformas de leyes que ni mi propio equipo las conoce.

Se valora el trabajo del político por el número de leyes que produce. Esto crea una inseguridad jurídica terrible, vuelve locos a jueces, abogados, gestores, policías, profesores, empresarios, administrativos… con las consecuencias que esto conlleva: ineficiencia de todas las organizaciones profesionales, gastos de actualización y lo que nos ocupa en este párrafo, miedo a invertir. No hay nada que haga huir el dinero con más rapidez que la incertidumbre. Se acordará de lo que le hicieron a los propietarios de bares y restaurantes durante la cruzada anti-tabaco, primero se les pidió que construyesen un muro de separación; apenas un año después se prohibió fumar dentro, con muro o sin él. ¿Quién les devuelve la inversión?

La hiperlegislación tiene un efecto secundario perverso, a veces buscado, y es que llega un momento en que es imposible cumplir todas las leyes. El ciudadano, especialmente el pequeño empresario, vive con una tensión constante al no tener la certeza de que lo que está haciendo no le va a meter en algún lío con Hacienda, Medio Ambiente, el Ayuntamiento, el Ministerio de Trabajo o la Consejería de Agricultura. Así las cosas, si un político en el Estado se enemista con el ciudadano más escrupuloso, siempre encontrará la manera de hacerle daño administrativa o judicialmente, siempre habrá una letra pequeña en algún BOE que el ciudadano no tuvo en cuenta. Imagine que conduce por una carretera en la que cada 5 metros hay una señal de velocidad distinta. Nadie lo cumpliría, una persona normal acabaría yendo a una velocidad razonable ignorando todas las señales, o bien reduciría su velocidad a la mínima de todas (ineficiente, acabaría vendiendo el coche). El Estado nos convierte en delincuentes y, a partir de ese momento, estamos en sus manos, vendidos ante cualquier acusación. Algo parecido ocurre con las cuotas de autónomos, el Estado permite que una parte de la población trabaje «en B», a cambio de que paguen un diezmo asegurado. A veces incluso lo regulan y no hay que preocuparse de estar cometiendo un delito, como hicieron con el canon digital; dicen que hacer copias no autorizadas es horrible, inmoral, pero te lo permiten si pagas tu patente de corso.

La burocracia española hace que muchas empresas extranjeras recurran a trucos como hacerse con una empresa inactiva ya existente y empezar funcionando con ella (legal, pero denota un problema de base). Los conflictos sociales que van y vienen según la voluntad de los políticos, de lo que hablaremos más adelante, hacen dudar también a un inversor.

Aun con todo lo que hemos perdido, o nos han quitado, hay recursos que España no puede perder y que podrían ser fuente de riqueza, como por ejemplo, el Sol. La radiación solar es mayor en Tenerife, Almería, Cádiz, Sevilla, Huelva o Málaga que en el resto de Europa. Habría que ser muy idiota para no aprovechar semejante regalo de la Naturaleza. Eso, o estar gobernados por una oligarquía de partidos, como fue el caso. España contaba desde 1981 con una de las empresas privadas más punteras en el desarrollo de placas de energía solar, Isofotón S.A. A partir de 1984-85, la Junta de Andalucía decide participar de las acciones a través de la empresa pública Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía S.A. (Soprea S.A.), con una inversión de 20 millones de pesetas. Se conceden a Isofotón más de 45 millones de pesetas hasta 1996. Entre 1996 y 1997 Soprea adquiere hasta el 90% de las acciones con una inversión de 570 millones de pesetas y, acto seguido, procede a vender todas esas acciones por 13 millones al grupo vasco Bergé. Y no sólo eso sino que además adquirió el compromiso de sanear sus cuentas mediante un ingreso de 340 millones de pesetas.

Le doy unos segundos para que se recomponga.

Hasta 2007 la Junta siguió inyectando unos 25 millones de euros en ayudas, la empresa parecía crecer a buen ritmo hasta que la sacaron a bolsa. La familia March compró el 26% de las acciones mediante Alba Corporación y encargaron una auditoría externa, tras la cual se deshicieron de las acciones, que el grupo Bergé recompró. En 2008 fue despedido el exdirector general (con fuertes lazos políticos), y en 2009 el Grupo Bergé le denunció por irregularidades contables; fue condenado por un juzgado de lo Mercantil al pago de 168 millones. La situación de la empresa era ruinosa, el presidente de la Junta dictó a las cajas de ahorro (Unicaja y Cajasol) que prestaran dinero al Grupo Affirma para que comprase el 80% de la sociedad, siendo el otro 20% para Toptec (grupo coreano), aunque finalmente fue vendida por 1 simbólico euro. Es obvio que los políticos implicados conocían el estado interno de la empresa y, aun así, siguieron regándola con dinero público y apoyando su venta. El culebrón es más largo, como cabe esperar, en la actualidad la empresa está siendo liquidada después de dejar tras de sí un reguero de cientos de personas que perdieron un empleo prometedor. Se acabó la inversión en energía solar. ¿Sabe usted quiénes son en estos momentos la punta de lanza de esta industria en Europa? Países famosos por sus soleadas tierras, Alemania y Reino Unido. Vergonzoso.

No hay control de las ayudas públicas ni auditorías a los que las reciben. El interés político por no encajar el fracaso de la «joya de la corona» del Parque Tecnológico de Andalucía es superior al interés de los gobernados de que su dinero se invierta en asuntos aparentemente rentables. Otro síntoma.

Termino esta sección dedicada al horroroso síntoma de la ruina económica abundando en cómo la losa política carga sobre nosotros su insoportable peso, impidiéndonos levantar la cabeza como nación. En los años 90 el señor Alberto Vázquez-Figueroa entabla conversaciones con el gobierno acerca de un sistema de desalación y generación de energía que había patentado. El sistema podría ahorrar a las arcas del Estado alrededor de 15.000 millones de euros anuales en la factura energética, y tendría capacidad para producir agua potable y regar todo el poniente de Almería. El gobierno inició un estudio de viabilidad que duró 9 años y costó 6 millones de euros, que certificó que el invento era realizable. En 2006 se inició la construcción de la desalinizadora, pero de inmediato la Ministra de Medio Ambiente lo paralizó, argumentando el impacto que tendría en la fauna (que las gaviotas podrían electrocutarse, en una planta que no tenía cables eléctricos). La ministra, creadora de la empresa pública Acuamed (investigada por desfalco de decenas de millones en favor de empresas como FCC), decide que es mejor iniciar la construcción de 51 desaladoras convencionales por toda la costa mediterránea, pagando el triple de lo presupuestado para cada una de ellas lo que supuso el gasto de 3.200 millones de euros. Sólo 2 de esas desaladoras funcionan correctamente. Los grandes beneficiados fueron las empresas FCC y Abengoa. Casualmente, el marido de la ministra entró a trabajar en Abengoa años después, desde 2009 a 2016. En 2016, Alberto volvió a presentar su plan al gobierno, de otro color, y la respuesta que recibió del Ministro de Industria, Energía y Turismo fue, en palabras de Alberto: Es necesario que la electricidad sea cara. Y así acabó la posibilidad de que España ahorrase dinero y los españoles gozásemos de agua potable gratuita (costes de la desaladora aparte) y de buena calidad.

No quiero entrar en el universo de la archiconocida corrupción bancaria y de las cajas de ahorro, los miles de millones que se pierden y regalan en forma de «rescates» y «ventas simbólicas», me niego. El lector es libre de martirizarse por su cuenta.