La enfermedad de España y su cura (parte II).

El sistema corrompe la Sanidad.

En la anterior entrega documenté la corrupción económica, la que empobrece el bolsillo del ciudadano medio. Pero lo peor no es que nuestras cuentas corrientes estén medio vacías, la corrupción institucional se manifiesta de maneras muy diversas, haciendo en ocasiones que la parte económica sea irrelevante. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto vale su seguridad? ¿Cuánto vale su tranquilidad? ¿Y su dignidad?

La sanidad española, esa que los políticos catalogan como «la mejor del mundo» (porque claro, son ellos quienes la gestionan y ponerse medallas a uno mismo siempre gusta), está herida de muerte y no es por falta de fondos, sino de escrúpulos. Tomemos el caso de Andalucía, aunque ocurre también en otras partes de España, donde la política ha inundado cada recoveco de los hospitales por medio de las Unidades de Gestión Clínica (UGC), cuyos directores son designados a dedo, en lugar de atender a criterios de experiencia y mérito como ocurría antes de su implantación en 2004. La supuesta prevaricación mediante un decreto de 2007 por el que se eliminaron, a sabiendas de que era ilegal, los requisitos para la contratación de subdirectores y jefes de servicio, puestos de libre designación del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ahondó en dicha politización.

La teoría tras las UGC es dar autonomía de gestión a distintas ramas sanitarias, como la UGC de Traumatología y Cirugía Ortopédica, de manera que hay un equipo directivo de la unidad que decide en qué se gasta el dinero y elabora sus propios presupuestos, y si al final del ejercicio les ha sobrado dinero, reciben un premio por productividad. Es decir, es más importante ahorrar en costes que prestar un servicio de calidad al paciente, creando un dilema que es natural en la sanidad privada pero que no debería existir en la sanidad pública, donde la única prioridad debería ser proveer al paciente de todo lo que necesite para conservar o mejorar su salud. Se convierten en empresas dentro de un mismo centro, rompiendo su unidad. Las consecuencias de este modelo son bien conocidas, apuesto a que usted ha sufrido una o varias de ellas:

  • Resistencia a derivar al paciente al especialista.
  • Resistencia a encargar pruebas diagnósticas (análisis, radiografías…).
  • Resistencia a dar bajas laborales a personal sanitario.
  • Reducción del gasto en material.
  • Reducción de camas.
  • Falta de adquisición de vehículos.
  • Falta de contratación de personal sanitario para cubrir bajas por enfermedad o vacaciones.
  • Y debido a lo anterior: listas de espera eternas, citas en el centro de salud para dentro de mucho tiempo, atención médica telefónica, etc.

Los pluses de productividad van desde los 13.000 euros para los directores a los 7.000 para los médicos. Nadie tiene la obligación de ahorrar, es «voluntario», pero si un médico gasta más de lo debido podrá quedarse sin su plus de productividad e incluso provocar que lo pierdan sus compañeros, generando un clima de coacción.

¿Le ha pasado alguna vez que el médico de cabecera le ha mandado un medicamento «genérico» que a usted no le sienta bien, y que al pedirle una marca ha dicho que no puede, que le impiden recetarla? Bien, pues sepa usted que le mintió con todo descaro, lo que ocurre es que la Junta de Andalucía crea unos listados de medicamentos «preferentes», y aquellos médicos que sólo receten tales medicamentos recibirán un plus de productividad. La corrupción moral llega a todas partes. Debe usted exigirle y no irse de la consulta hasta que se le recete la marca que necesita. A usted le va a costar el mismo dinero, el Estado tiene intervenidos los precios de todos los medicamentos.

¿De dónde salen esos listados de medicamentos? Quizá no haya oído nunca hablar de las subastas de medicamentos que realiza la Junta de Andalucía, se lo cuento brevemente. La Junta publica por cada medicamento una subasta, con un precio máximo de partida, y los laboratorios que quieran pueden pujar por ser los suministradores de ese tipo de medicamento, bajando el precio. Lo que ocurre es que hay laboratorios extranjeros, especialmente aquellos de países en vías de desarrollo como India, Vietnam o Eslovenia, que tiran los precios (por ejemplo, de 60€ bajan a 27€), ganando las subastas. Esto produce tres problemas principalmente, denunciados por asociaciones como AFARAN.

  • La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios exige a los laboratorios que realicen auditorías para el control de las materias primas y los efectos de los medicamentos. Sí, es el propio laboratorio el encargado de auto-auditarse y presentar un papel diciendo que lo ha hecho. El control de calidad queda totalmente en entredicho. Pero no hay problema, la misma Agencia pide a los laboratorios que tengan un seguro, por si algún paciente fallece. Todo arreglado.
  • Tales laboratorios carecen de capacidad para suplir la demanda, siendo comunes los desabastecimientos del 50% de los medicamentos.
  • De los 14.000 medicamentos subvencionados por la Seguridad Social, en Andalucía sólo hay acceso a 400 de ellos, genéricos y de subasta. Lo cual es un agravio comparativo respecto al resto de españoles.

La Junta de Andalucía arguye que este procedimiento genera un ahorro económico considerable. Sin embargo, el destino del dinero ahorrado en las subastas es desconocido.

No voy a extenderme más sobre la corrupción sanitaria, pero sí me gustaría, al menos, citar los casos más graves:

  • Las fusiones hospitalarias, evitadas y revertidas gracias a las movilizaciones masivas promovidas por Jesús Candel.
  • Los enormes recortes realizados a la Sanidad pública.
  • La mezcla de la parte funcionarial con las administraciones paralelas, formadas por los Centros Hospitalarios de Alta Resolución (CHARE), el 061 y otros, cuyo personal es contratado «a dedo» y cuyos gastos no pasan ningún control.
  • La sistemática derivación de pacientes a centros privados.
  • El entramado cuasi-mafioso de los grandes grupos farmacéuticos.
  • La manipulación de las listas de espera que provocaba que los pacientes tuviesen que esperar eternamente para una operación, denunciada por la doctora Socorro Ricoy, represaliada por ello.
  • El deleznable corporativismo, la corrupción moral y la cobardía de muchos médicos que no solo miran para otro lado sino que incluso ayudan a nuestros verdugos.

Sólo en el ámbito sanitario, la lista es interminable. ¿Le sigue pareciendo el robo el principal problema? ¿Cuánto cuesta su vida? Nuevo síntoma: la Sanidad no funciona.

El sistema corrompe la Educación.

Saltemos al sistema educativo. A día de hoy es un hecho que las facultades de Humanidades (filosofía, ciencias políticas, arte, periodismo, magisterio, etc.) han sufrido una total politización, contribuyendo al adoctrinamiento de los más jóvenes, siendo el máximo exponente de este hecho los doctorados en Derecho Constitucional y los licenciados en Ciencias Políticas; las facultades de ciencias puras son menos permeables a las ideologías, pero también se han visto afectadas.

Las universidades han pasado a ser corporaciones endogámicas, con sus propias tramas políticas, cuya finalidad es captar dinero y mantener a los que están dentro el máximo tiempo posible, siempre en connivencia con la oligarquía política de turno a quienes expide los títulos que necesiten para fabricar a sus candidatos de campaña. Su última prioridad son los estudiantes y la calidad de la instrucción que reciben. Bueno, salvo cuando pueden sacar tajada de ellos, cosa que no es excepcional. No es casualidad que no haya ni una universidad española entre las 200 mejores del mundo. Los colegios e institutos parecen conventos, los profesores cumplen religiosamente lo ordenado por el gobierno autonómico de turno, raro es ver una voz discrepante y, de existir, es aplastada por el resto del claustro. No en vano los directores son designados por la Administración, como los inspectores. El contenido de las materias a impartir es cada vez menos denso, menos exigente, cuando no está directamente manipulado en favor de la supuesta ideología del partido dominante. He visto verdaderas barbaridades en libros de Historia. Pero no se preocupe, a su hijo no le faltarán pizarras electrónicas y portátiles, España es un país moderno. Y si el adoctrinamiento de los niños mediante textos tendenciosos en los libros no es suficiente, se imparten charlas de carácter puramente ideológico, como quien oficia una misa, sin previo aviso a los padres, los cuales, además, deben emprender una lucha con el centro para que no envenenen la mente de su hijo, o sacarlo de allí para meterlo en una escuela privada, si se lo puede permitir. Eso si hablamos de un padre responsable, la mayoría en cambio acepta y hasta exige que sea el Estado quien no sólo instruya, sino que eduque a sus hijos.

Lo más triste es que los chavales viven con el objetivo de aprobar. Lo importante es el título, ese papelito que se devalúa con cada legislatura, de forma tal que para aspirar a lo que antes se alcanzaba con uno, ahora hacen falta tres. Nos quejamos del poco prestigio y respeto del que gozan los docentes pero, ¿por qué iban a merecer más? Por mucha vocación y esfuerzo que hayan dedicado, si los filtros que han tenido que pasar son blandos (la carrera de magisterio suele ser objeto de burla, la exigencia cultural es nimia y el control de la calidad de la docencia es prácticamente inexistente) no se traslada a la población la sensación de estar ante personas importantes para la sociedad, como debería ser.

Podríamos resumir este síntoma en que el Estado educa a la población, y que ésta pasa por los centros por pura inercia, como en una cinta transportadora de una fábrica, sin interés en formarse y sin esperar que eso le procure un bien futuro. ¿Cuánto vale la libertad de pensamiento y la capacidad de autosuficiencia de su hijo?

El sistema corrompe a los Cuerpos de Seguridad.

Hasta las instituciones que deben velar por nuestra seguridad y combatir todo atisbo de corrupción han sucumbido a ella. Es lógico, pues sus mandos son designados y controlados por los aparatos políticos. Vemos casos a nivel de municipio, como el de Puente Genil, donde el alcalde utiliza a la Policía Municipal como si fuese su jauría de perros particular; el caso más sonado fue el del jefe de policía, que fue denunciado por pederastia por un compañero, Daniel Tejero Navas; el alcalde mantuvo en su puesto al acusado, mientras suspendió de empleo y sueldo al denunciante, aparte de hacerle la vida imposible en el pueblo, amenazarle e incluso agredirle. Los vecinos del pueblo, mudos. Tuvieron que ir cientos de personas de otros lugares de España a apoyarle.

A nivel nacional, la policía se ha visto implicada en muchos casos de entre los que destacaré el caso Villarejo, en el que hay envueltos hasta ahora 12 policías, varios de ellos comisarios y ex-jefes, que supuestamente han participado en extorsiones, robo de información, espionaje, revelación de secretos… El caso Faisán, en el que mandos de la Policía Nacional estuvieron implicados, y por ello condenados, por revelación de secretos a la banda terrorista ETA, y que salpicó a políticos de gran altura. El doloroso episodio del 11M, el asesinato de 200 personas en los trenes de Madrid, es uno de esos casos rodeados de incomprensible misterio que a cualquiera le hace malpensar. El hecho de que ocurriera 3 días antes de unas votaciones generales condujo a un maremágnum de informaciones interesadas, sesgadas, falsas, retorcidas por el juego político de los principales partidos. A día de hoy nadie puede decir con convencimiento quiénes fueron los autores de la masacre; la sombra de la sospecha de un posible encubrimiento y connivencia de miembros de la Policía Nacional con los gobiernos de antes y después de las votaciones se alarga a medida que uno conoce más detalles de la instrucción del caso.

Pero si dejamos a un lado los casos más escabrosos, nos encontramos con que hay otro tipo de corrupción más sutil, el de las productividades, parecido a lo que ocurría con los médicos, y es que cada cierto tiempo se establecen unas cuotas de detenciones que los policías deben cumplir y, si lo consiguen, reciben una paga extra. Es decir, se trata de amoldar una realidad cambiante e impredecible, el número de delitos, a unas previsiones u objetivos marcados por el poder político, lo cual lleva a situaciones rocambolescas como la detención «artificial» de personas, si no se ha llegado a la meta acordada, o a la no persecución de delitos si eso supusiera sobrepasar el número previsto. Mediante la práctica de los bonos por productividad, el político traslada su corrupción moral a los estamentos inferiores del sector público, escudándose en que ellos no imponen nada, lo cual es cierto. Ellos sólo premian una conducta inmoral y crean una presión social entre compañeros que no debería existir. El interés político prima por encima de todo.

La Guardia Civil no escapa a los tentáculos políticos. Célebre fue el caso de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), por el que el gobierno (Ministerio del Interior) enviaba a sicarios a asesinar a ciudadanos españoles sospechosos de pertenencia a la banda terrorista ETA. La estructura de los GAL se componía de 4 ramas: el GAL verde, de la Guardia Civil, el GAL azul, de la Policía Nacional, el GAL marrón del CESID y el GAL francés.

¿Sigue pensando que la corrupción económica es la peor? ¿Cuánto vale su seguridad? ¿Cuánto valen sus derechos fundamentales? ¿Cuánto vale su vida? Más síntomas, las fuerzas de seguridad actúan como matones al servicio de los poderosos.

El Ejército, dependiente del Ministerio de Defensa, el último bastión de la defensa de la nación, que debería ser ejemplo de honorabilidad y rectitud, está también plagado de corruptelas. Compras de material defectuoso a precios desorbitados, mantenimiento que brilla por su ausencia (submarinos de 4.000 millones de euros que no flotan) y que pone en serio riesgo la vida de los militares, más de 100 oficiales condenados por delitos teniendo en cuenta que la justicia militar absuelve a más del 90% o no los procesa, maniobras ficticias para el cobro de dietas, adjudicación de contratos a cambio de comisiones…

El sistema corrompe a la familia.

Por último, si es usted padre, tengo que hacerle una pregunta: ¿cuánto valen sus hijos? No hablo de su educación o su salud, sino de su presencia. Las sucesivas «crisis» que azotan al mundo y en particular a España, junto con el robo masivo que permitimos a la clase política, han producido y producen un empobrecimiento de la mayoría de la población hasta niveles que nunca hubiéramos pensado y nadie, salvo que tenga padrino en la cueva de ladrones, está libre de caer por la zanja.

Nada le protege de tener dificultades mañana mismo para mantener un estilo de vida que asegure a sus hijos una alimentación óptima, un techo digno y un entorno social seguro. Y si eso les faltara (según el criterio de un funcionario), el Estado, que hoy se ha convertido en su segundo padre, entraría en acción.

Cuando se despoja a unos padres de sus hijos, uno tiende a pensar que hay motivos de peso, que una atrocidad como esa evitará que los niños sufran otras peores. Seguro que en muchos casos será así pero tenga en cuenta los siguientes datos en conjunto: que el 80% de los centros de menores de cada comunidad autónoma son privados (por tanto, regidos por criterios de ahorro y con reducido o nulo control de las autoridades públicas); que por cada niño que entra en ellos se ingresan 65.000 euros de ayudas europeas; que cada mes reciben entre 4.000 y 9.000 euros por niño; que la Consejería de Familia, o su equivalente en la comunidad autónoma, no necesita la autorización de ningún juez para llevarse a sus hijos, en virtud del artículo 172 del Código Civil; es decir, que un funcionario cualquiera, que podría tener o no tener intereses económicos compartidos con un político cualquiera, puede ir a la casa de un español (proceso administrativo mediante) y llevarse a sus hijos. Y estos padres no podrían hacer nada. Es más, es probable que nunca más vuelvan a saber de esos niños, que pueden acabar en cualquier sitio y envueltos en situaciones tremendas dada su vulnerabilidad. La impotencia y desesperación que deben sentir unos padres ante semejante pesadilla son difíciles de imaginar.

El principal síntoma es claro, el individuo vive a merced de la corrupción institucional.

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