Aló Presidente: te cuento cómo llegué aquí.
Te voy a contar algo que pocos saben: ¿cómo es que hay un Presidente en EE.UU? ¿De dónde viene esta figura que hoy parece que «domina» el mundo? ¿Quiénes la idearon y en qué se basaron para ello?
Todo empezó así. Tras la Revolución norteamericana hubo un acuerdo general en dotar a los territorios de una forma de Gobierno común. Además, los padres fundadores de EE.UU. en la Convención de Filadelfia, que abordó cuestiones esenciales para la estructura del Gobierno en los EE. UU. (1787), comprendieron los mecanismos necesarios para restringir el poder.
Para ello idearon un sistema innovador mediante un enfoque democrático radicalmente nuevo que aseguraba la autonomía de la rama ejecutiva: la presidencia1. Reconociendo la importancia de no importar el sistema parlamentario corrupto de su país de origen, los padres fundadores de los Estados Unidos adoptaron una perspectiva única (Pocock, 2008)2. Más tarde, Washington, al considerar la presidencia como una institución fundamental, la dotó de una simbología específica (Redondo, J. 2015 y Delgado Fernández, A. 2012).
Durante la Convención de Filadelfia, la incorporación de los modelos federales griegos alcanzó su máximo apogeo; entre las Ligas discutidas está la Liga Aquea, donde precisamente existía la figura de un magistrado supremo (Martínez, C. 2013). En palabras del propio Madison:
«Las ciudades que integraban esta liga conservaban su jurisdicción municipal, nombraban a sus funcionarios y gozaban de una perfecta igualdad. El senado al que acudían sus representantes tenía el derecho exclusivo de la paz y la guerra; el de mandar y recibir embajadores; celebrar alianzas y tratados; nombrar un supremo magistrado o pretor, como se llamaba, que mandaba el ejército y, con el consejo y consentimiento de diez senadores, no sólo administraba el gobierno en el receso del senado, sino que tenía una participación importante en sus deliberaciones cuando aquel estaba reunido. Conforme a la primitiva Constitución, había dos pretores que colaboraban en la administración; pero en la práctica se prefirió uno solo» (Madison, 1994).»
Las ideas de Platón sobre la democracia estuvieron presentes en la Convención de Filadelfia. El exceso de libertad conducía al «exceso de esclavitud»3, ya que en ausencia de ciudadanos dispuestos a proteger el bien común, terminaría triunfando el demagogo convertido en tirano más tarde (Quirós Megías, J.J y Caro Cabrera, L, 2015). En el imaginario político del periodo revolucionario y constituyente, Atenas se asocia al periodo de la Pentecontecia. Esta se convierte así en el paradigma de los riesgos del modelo democrático. Los repúblicos americanos se enfrentaron a la ardua tarea de equilibrar un modelo de gobierno fundamentado en la participación popular, al tiempo que procuraban liberarse de lo que consideraban imperfecciones inherentes al sistema democrático (Martínez Maza, C. 2013).
Protagonistas destacados de ese período, como Thomas Jefferson y Benjamín Franklin, consideraron a Sócrates como un modelo de humildad debido a sus virtudes. Al igual que este, James Harrington, en su obra La República de Oceana, defendió la existencia de una «aristocracia natural» como responsable del gobierno (Quirós Megías, J.J y Caro Cabrera, L, 2015)4.
La solución constitucional propuesta para contrarrestar el peligro de que una multitud irresponsable pudiera desterrar a sus ciudadanos más destacados fue establecer que la libertad política de los ciudadanos y las libertades civiles de la sociedad y las minorías se basaran en el funcionamiento constitucional de las instituciones en lugar de depender de la responsabilidad de la mayoría (García Trevijano, A. 2010). Para los federalistas, la soberanía permanecía en el pueblo, y, por tanto, el gobierno era simplemente un organismo limitado y temporal del pueblo, cedido al ostentador del cargo como un préstamo revocable (Wood Gordon, S. 2003)5.
Además, el concepto de «Pueblo» experimentó una transformación en la República de los Estados Unidos de América al incorporar el principio divisorio. Se definió Pueblo como una entidad monística, lo cual implicó que dejara de atribuirse las potestades legislativa y judicial a grupos sociales específicos con cualidades y características determinadas6. En cambio, se reconoció que los intereses particulares debían ser equilibrados a través del sistema de los checks and balances (Pocock, 2008)7.
Y en palabras de la propia Hannah Arendt sobre la constitución escrita de los EE. UU.:
«En América, en cualquier caso, se elaboraron con la intención expresa y constante de impedir, en la medida de lo humanamente posible, que los procedimientos de las decisiones mayoritarias degenerasen en el despotismo electivo del gobierno de la mayoría» (Hannah Arendt, 1967, 165).
Alexis de Tocqueville, en su obra La Democracia en América, escrita después de su viaje en la década de 1830, examina a fondo la naturaleza de la democracia en los Estados Unidos, reflexionando sobre sus aspectos sociales, políticos y culturales. Uno de los puntos clave que abordó fue cómo los mecanismos institucionales podrían proteger a las minorías de las mayorías, a través de la aplicación del principio divisorio del poder:
«…suponed, por el contrario, un cuerpo legislativo compuesto de tal manera que represente la mayoría sin ser necesariamente esclavo de sus pasiones; un poder ejecutivo que tenga una fuerza que le sea propia y un poder judicial independiente de los otros poderes; tendréis todavía un gobierno democrático, pero que apenas ofrecerá oportunidades para la tiranía» (Tocqueville, 2018, 457).
Para ello también el magistrado responsable del poder ejecutivo y sus ministros debe quedar excluido del Congreso garantizado la separación de la potestad legislativa y ejecutiva frente a la propia constitución inglesa, aunque pudiera ser el mejor ejemplo de su época (Ames A.R and Montgomery H.C. 1934)8.
En otro orden de cosas, en una carta fechada el 19 de mayo de 1777 y dirigida a Gouverneur Morris, Alexander Hamilton abordó diversos aspectos del gobierno y compartió sus reflexiones sobre asuntos constitucionales. En esta correspondencia, Hamilton acuñó el concepto de «democracia representativa», a pesar de la connotación peyorativa del término, que eventualmente fue reemplazado por la palabra «república»9. De hecho, fue la desconfianza de los federalistas hacia «el populacho» lo que provocó que la elección presidencial correspondiera a los colegios electorales. En palabras de Hamilton;
«Era de desear que el pueblo se manifestara en la elección de la persona a quien ha de confiarse tan importante cargo. Este objetivo se alcanza confiriendo el derecho de elección, no a un cuerpo ya organizado, sino a hombres seleccionados por el pueblo con ese propósito específico y en una ocasión particular» (Hamilton, 1994).
Sin embargo, la elección del magistrado ejecutivo directa o indirecta por parte del pueblo no era una novedad. En la República Romana, ensalzada por Thomas Jefferson como una república agraria de virtudes cívicas, entre los derechos fundamentales del populus romano con relación al proceso de decisión política se encontraba la elección de sus magistrados (Salazar Ropero Andrés, O. 2020).
Existían diferentes magistraturas en la República Romana, cada una con sus requisitos propios y responsabilidades concretas. Entre las magistraturas más importantes encontramos las dotadas de imperium: los cónsules y los pretores. Las elecciones se realizaban en asambleas populares, entre las que se diferencian la Comitia Centuriata y la Comitia Tributa. Sin embargo, los más pobres sólo tenían acceso al voto en la elección de las magistraturas menores a través de los comicios por tribus gracias el alto número de cuestores y ediles electos anualmente. En palabras de Francisco J. Andrés Santos:
«Las funciones electorales y legislativas en la República romana se basaban en procedimientos absolutamente diferenciados, lo que tenía como consecuencia una participación desigual de la ciudadanía. Sobre la base de múltiples factores, la participación del pueblo en las elecciones y en la legislación estaba claramente limitada; en los Comicios centuriados dominaban los estratos terratenientes, la política tribunicia era dependiente de la toma de posición del Senado y los ciudadanos romanos no tenían el derecho de tomar libremente la palabra en las asambleas populares. Para el sistema político republicano seguía siendo, no obstante, significativo que la legitimidad de las decisiones electorales y de la legislación estuviese basado en el voto del pueblo» (Santos Andrés Francisco, J. 2015, 55-56).
La temporalidad de las magistraturas era limitada a un año, y la reelección quedaba excluida. Además, el poder de los magistrados estaba sujeto al principio de la colegialidad, lo que significaba que ambos cónsules decidían de manera conjunta. La estructura institucional del sistema político romano estaba diseñada para evitar la dominación unilateral de cualquiera de las tres instituciones: senado, comicios y magistrados. Por tanto, el senado, los comicios y los magistrados compartían responsabilidades para garantizar un equilibrio de poderes.
La respublica se definía por la libertas, entendida como la ausencia de la dominación de una organización monocrática en el espacio público. Su origen estaba en la expulsión de los reyes, la caída de la monarquía y la asunción del poder por la propia comunidad10. Esto implicaba que ninguna institución o individuo podría concentrar la totalidad del poder político sin que ello supusiera la destrucción de la libertad ciudadana (Andrés Santos Francisco, J. 2015).
No obstante, el equilibrio en esta estructura estatal, fundamentada en poderes de corta duración, dependía crucialmente del papel del Senado para posibilitar la realización de proyectos a largo plazo. Según J. Adams, si había algún indicio de debilidad en el arquetipo romano, era la falta de una distribución clara del poder. Para él, el ejecutivo nunca estuvo lo suficientemente separado del legislativo, y no existía un control mutuo definido con la suficiente precisión. Aunque considerara que la potestad legislativa era natural y necesariamente suprema, J. Adams sostenía que el ejecutivo debía tener la capacidad y la fortaleza suficientes para protegerse de las intervenciones de aquel, pues, solo así, se podrían garantizar los derechos y libertades de la población. También criticaba la falta de un derecho de veto que permitiera a los cónsules intervenir y resolver las disputas entre el pueblo y el Senado. Bajo su criterio, esta prerrogativa era esencial para asegurar el equilibrio de poderes y prevenir la degeneración del sistema de gobierno. (Martínez Maza. C. 2019). Por otro lado, y como señalaban los antifederalistas a través de Montesquieu y Tácito, una república extensa era asociada a la corrupción de sus ciudadanos y al advenimiento de un gobierno tiránico.
En Norteamérica, tras la declaración de guerra contra la Monarquía Británica, los colonos redujeron significativamente las prerrogativas de los gobernadores reales, estableciendo la anualidad en sus elecciones y retirándoles el control exclusivo sobre nombramientos ejecutivos y judiciales. Desde el inicio, las nuevas constituciones prohibieron el acceso al poder legislativo a aquellos que ostentaran cargos ejecutivos. De hecho, en la Unión de la Confederación, nunca se llegó a establecer un poder ejecutivo genuino; en su lugar, se formaron comités designados por el Congreso encargados de las funciones ejecutivas (Wood Gordon, S. 2003)11.
Una década después de la independencia, muchos líderes empezaron a cuestionar la viabilidad del enfoque localista que seguían los Estados Unidos. Además, se descartó la opción de un ejecutivo colegiado, optando, en cambio, por un único magistrado con vigor en su acción frente a la cámara legislativa12. Alexis Tocqueville considera que una elección por 4 años con opción a ser reelegido favorece que el magistrado único pueda trabajar por el bien común13. En definitiva, los federalistas norteamericanos diferenciaron claramente la diferencia entre la acción de ejecutar y la de legislar. En palabras del profesor Elio A. Gallego García:
«Los norteamericanos, en suma, pensaron a sus representantes como controladores del poder ejecutivo y la voz de los agravios de modo análogo a como los comunes lo fueron históricamente ante el monarca en Inglaterra. Si el gobierno nace del parlamento todo se confunde, comenzando por los cometidos propios de cada uno, deliberación en el Parlamento y decisión en el ejecutivo» (Gallego García, A. 2021, 192).
(1) El artículo Orígenes y Justificación del Presidencialismo Americano de Javier Redondo se publicó en Cuadernos de Pensamiento Político en septiembre de 2015. Este se enfoca en el desarrollo histórico y la fundamentación del presidencialismo en Estados Unidos. Para ello, aborda temas que van desde la Revolución Americana, la influencia de pensadores como Madison hasta la evolución del poder presidencial en relación con el Congreso.
(2) Gran Bretaña salió victoriosa de la guerra en América del Norte e India después de la guerra de 7 años. Esta experimentó un notable crecimiento en su poder comercial, naval y colonial. Además, adquirió un extenso imperio territorial y según las convenciones clásicas, esta representaba un peligro. Si seguía el camino de Roma, Gran Bretaña se transformaría en Estado despótico Según esta visión clásica, Roma fue corrompida por las riquezas del imperio distribuidas por un líder autoritario.
(3) «Que la misma enfermedad que, produciéndose en la oligarquía, acabó con ella, esa misma se hace aquí aún más grave y poderosa, a causa de la licencia que hay, y esclaviza a la democracia (…). La demasiada libertad parece, pues, que no termina en otra cosa, sino en un exceso de esclavitud, lo mismo para el particular que para la ciudad» (564-b).
(4) Sócrates estaba convencido de que sólo debían ser elegidas para estos cargos las personas más aptas para el gobierno, educadas en la honestidad; pensaba que la política debía estar fundamentada en el saber de los más sabios frente a la muchedumbre ignorante.
(5) La misma idea se vincula con el principio representativo, tema abordado por Gordon S. Wood en su obra: La Revolución Norteamericana. Edmund Burke justifica la falta de representación real de las colonias en Norteamérica, argumentando que cada miembro del Parlamento representaba a la totalidad de la nación británica, no solo a su localidad de origen. Para ello, propone una representación incidental basada en los intereses compartidos por los miembros del Parlamento con todos los ingleses. De hecho, había localidades como Manchester que no enviaban representantes por la misma razón. El que fue historiador y miembro de Ciencias Morales y Políticas, Jacques Chastenet abordó, entre otras cosas, el arcaísmo del régimen electoral antes de la reforma de 1832 en su obra: El Parlamento de Inglaterra. (2019), Ediciones Olejnik.
(6) Como se ha descrito en la teoría clásica del Gobierno mixto.
(7) El pensamiento federalista consciente de la corrupción de las pasiones no se concibe a través de la creencia de la virtud republicana. Madison, en el Artículo LI del Federalista, describe: «Esta norma de acción que consiste en suplir, por medio de intereses rivales y opuestos, la ausencia de móviles más altos se encuentra en todo el sistema de los asuntos humanos, tanto privados como públicos. La vemos especialmente cada vez que en un plano inferior se distribuye el poder, donde el objetivo constante es dividir y organizar las diversas funciones de manera que cada una sirva de freno a la otra para que el interés particular de cada individuo sea un centinela de los derechos públicos» (Madison, 1994).
(8) Para Carl Schmitt: «En la Constitución Federal de los Estados Unidos de América de 1787 se ha acogido y puesto en práctica conscientemente el sistema de la diferenciación, y en verdad se introdujeron no sólo recíprocos frenos y contrafrenos, sino también, en gran medida, efectivas separaciones. El legislativo (éste a su vez, dividido en dos Cámaras. Cámara de Representantes y Senado, qué juntas formas el Congreso, es decir, la Corporación legislativa) se separó del Ejecutivo (Presidente) y excluida la posibilidad de una relación directa entre ambos; el Presidente (El gobierno o Ejecutivo) no tiene, pues, una propia iniciativa de la Ley; aun cuando ha de sometérsele el proyecto de ley y él puede oponerle reparos que solamente se superarán mediante votación, por dos tercios de la mayoría de la Cámara de donde el proyecto ha emanado. El presidente carece de un derecho de disolución frente a ambas Cámaras; no depende de la confianza de esa corporación legislativa.» (Schmitt, C. 1992).
(9) Fragmento de la carta: «Pero una democracia representativa, donde el derecho de elección esté bien asegurado y regulado, y el ejercicio de las autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales esté conferido en personas selectas, elegidas realmente y no nominalmente por el pueblo, será, en mi opinión, la más propensa a ser feliz, regular y duradera».
(10) El mito fundacional de la República se encontraba el derrocamiento de la monocracia representada por el rey etrusco Tarquinio el soberbio (509 a. c).
(11) El gobierno parlamentario de gabinete quedó prohibido en Inglaterra.
(12) Pues, para Hamilton: «Como regla general, los actos de un solo hombre se caracterizan por su decisión, actividad, reserva y diligencia, en un grado mayor mucho más notable que los actos de cualquier número mayor; y dichas cualidades disminuirán en la misma proporción en el que el número aumente». (Hamilton, 1994). Precisamente, la necesidad de proporcionar vigor al ejecutivo obliga a desechar una magistratura anual para dotarlo de una mayor capacidad resolutiva frente a la cámara legislativa, permitiéndole desarrollar y asumir las responsabilidades de las medidas que promulgue ante la comunidad.
(13) «Los legisladores americanos tenían una tarea difícil de cumplir: querían crear un poder ejecutivo fuerte que dependiera de la mayoría y que, no obstante, fuese lo bastante fuerte por sí solo para actuar con libertad en su esfera. (el senado lo vigila en sus relaciones con las potencias extranjeras y en la distribución de empleos). El presidente es elegido por cuatro años y puede ser reelegido. Con ese porvenir, tiene el ánimo para trabajar por el bien público y los medios para hacerlo» (Tocqueville).
