¿Puede el pueblo español controlar a sus gobernantes?
La democracia supone el control del gobernado sobre el gobernante. Eso sólo es posible cuando se garantiza la separación del poder ejecutivo con el poder legislativo, y cuando éste es conformado por representantes de los gobernados bajo responsabilidad personal, es decir, cuando los representantes elegidos pasan a ser personas susceptibles de ser controladas y revocadas por los electores en cualquier momento durante toda la legislatura.
¿Tenemos eso en España? No. El actual régimen de partidos impide la representación política porque el gobernado tan sólo puede refrendar un cheque en blanco a un partido durante cuatro años. Este régimen, además, confiere exorbitantes e inmensos poderes a los partidos políticos: se constituyen como organismos que son prolongaciones del Estado, están blindados de privilegios, gozan de discrecionalidades legales que facilitan la corrupción, manejan para sus intereses unas ingentes cantidades de dinero público y están imbricados hasta la médula en las instituciones.
La libertad colectiva del pueblo español debe tener como prioridad acabar con los partidos estatales, estableciendo la representatividad uninominal y la separación de poderes. De lo contrario, seguirá bajo la dominación de la oligarquía gobernante que no defiende el interés nacional, sino el interés particular de la clase política.
Como sabemos, la democracia se mide por la capacidad del pueblo gobernado para controlar a su propia clase gobernante. Cuando no existe capacidad de control sobre las instituciones, no hay democracia.
En el régimen de partidos actual no existe ningún control efectivo sobre los gobernantes. Durante unas elecciones cada cuatro años, se elige a una serie de organismos opacos cuyas decisiones no pueden ser controladas por el colectivo nacional. Una vez investidos de poder tras el reparto electoral, los partidos del sistema de partidos no pueden ser controlados por los votantes hasta las próximas elecciones. El pueblo debe obedecer y aguantar al partido gobernante haga lo que haga —incluso aunque se salte a conveniencia la llamada «Constitución»— hasta que termine la legislatura, u otros partidos estatales tengan la oportunidad de reemplazarlo en el puesto, ejerciendo entonces exactamente la misma obligación de ser obedecidos por los gobernados hagan lo que hagan también.
Elegir «a otro partido» en las próximas elecciones tampoco supone ningún tipo de control sobre las decisiones. Como es evidente, las promesas electorales son sistemáticamente incumplidas, sin ningún tipo de consecuencia, una vez el partido obtiene el poder.
La ciencia política nos brinda la manera eficiente de que el poder nunca abandone al votante durante todo el mandato. Ello mediante el sistema conocido como representación personal o «uninominal». Es decir, votar a personas concretas como representantes que respondan en nombre propio y no a listas de partidos políticos. Este tipo de representación uninominal es la vigente en EE.UU, Francia, R.U., Suiza, Canadá entre otros países.
La representación uninominal consiste en que el votante designa a una persona concreta que vive en su distritopara que lo represente en la cámara legislativa nacional. No se votan a listas de personas designadas y controladas por un partido, sino a personas libres que responden personalmente con su honor y con sus bienes de lo que hacen ante los vecinos que les han votado. El votante conoce quién es su diputado, puede comunicarse con él, y puede revocarlo en todo momento si incumple su mandato o es incompetente para el mismo.
El sistema uninominal consiste en dividir a España en distritos electorales de alrededor de 100.000 habitantes. Si el total del electorado es hoy de aproximadamente 37 millones de electores, saldrían unos 370 distritos de 100.000 votantes. Cada distrito elegiría a un diputado por mayoría (mitad más uno, a doble vuelta) en elecciones vecinales de distrito. Una vez los 370 diputados han sido elegidos, todos se reúnen en la cámara legislativa para legislar y para controlar al poder ejecutivo.
Cada diputado uninominal está obligado, por fuerza, a velar por el interés de su distrito. Ya que es vigilado por el distrito en todo momento, el diputado se debe exclusivamente a sus votantes, sin estar controlado por partidos, ni lobbies, ni influencias extranjeras. Así es como el pueblo puede velar por sus propios intereses, y no por intereses ajenos de oligarquías financieras y oscuros grupos de poder geopolítico.
El diputado entonces se convierte en un servidor de sus votantes: el político pasa a ser un servidor público. Éste ha de dar explicaciones a su distrito sobre cada gestión y decisión que toma, bajo pena de ser revocado, o incluso procesado por incurrir en responsabilidades civiles o penales. Con la recogida de firmas basada en la regla de la mitad más uno, el distrito no sólo puede echar a su diputado en todo momento, sino que puede decidir cuál será el voto del diputado en la cámara legislativa sobre las leyes que el propio distrito decida. Así se ejerce un poder efectivo real y de tracto sucesivo del representado sobre su representante.
A efectos de comunicaciones y de control sobre el representante público, se podría crear una oficina virtual de distrito donde el diputado rendiría cuentas a través de internet con sus votantes. Asimismo, podría servir como herramienta para concertar citas presenciales con los votantes cada semana, y además para publicar ante todo el distrito las propuestas, opiniones y posibles revocatorios por parte de los ciudadanos inscritos en el distrito.
De la manera descrita, y por vez primera en España, el poder político sería ejercido de abajo hacia arriba (el pueblo sobre el diputado) y no de arriba hacia abajo (cúpula del partido sobre el pueblo) como es patente en el actual régimen de partidos.
