Tiranía III

Vale, de acuerdo, nos han engañado. No hay nada que podamos hacer ahora mismo, tenemos que esperar 4 años hasta que nos vuelvan a dar permiso para pronunciarnos. Las cosas están claras: teniendo en cuenta los problemas que tenemos hoy, está usted dispuesto a ejercer el llamado «voto de castigo» cuando llegue el momento. Durante 4 años usted soporta la campaña electoral sin fin de los partidos y ocurren muchísimas cosas. Meses antes de que lleguen las votaciones generales, ocurre un GRAN problema, una «crisis»; de repente el ambiente se crispa, los políticos se enzarzan en debates y peleas de gallos televisadas 24 horas en torno a un tema concreto y polarizan a la población. Es un tema muy importante que afectará, según dicen, a la vida de todos nosotros. Usted queda posicionado fuertemente a favor o en contra y siente que el destino de España está en su mano, en su voto. Usted tenía claro que no quería votar al mismo partido que le traicionó pero es que, si no lo hace, saldrá el otro y será el fin para España y para nuestros derechos. Hay que hacerlo, hay que volver a votar al mismo, «más vale malo conocido», ahora no es momento de ser idealista, hay que ser responsable. Ya habrá tiempo de castigarlos en el futuro.

Y, así, se cierra el círculo. La rueda del régimen sigue girando hasta el infinito, propulsada por mil excusas, mentiras y miedos. Todos los partidos ganan, escaño arriba o escaño abajo. Todos los partidos piden el voto, incluso si no es para sí mismos. Le piden a usted que vote, que dé por válido el sistema que a ellos les mantiene, que dé otro empujón a la rueda. Actúan como empresas eléctricas o telefónicas a las que les da igual con quién tenga usted contratada la línea, saben que usted como cliente irá rebotando de compañía en compañía hasta volver a ellos en algún momento; y como usted, el resto de millones de clientes, de manera que cada compañía siempre tiene un trozo de ese pastel garantizado, todas ganan siempre. Somos como peces en su pecera, tarde o temprano pasaremos por el mismo sitio. ¿Por qué cree usted que todas las compañías de seguros le suben el precio una barbaridad el segundo año, a sabiendas de que perderán muchos clientes, y a la vez ofertan precios bajos para clientes que vienen de otras compañías? Pues eso mismo hacen los partidos, con la diferencia de que ninguno estamos obligados a votar por ley.

No es sólo que todos ganan, porque todos están en el Estado, es que no importa quién tenga la mayoría del Parlamento. Ya hemos visto montones de veces cómo, cuando hay un cambio de partido en el gobierno, los nuevos gobernantes no quitan las leyes de las que tanto se quejaron y que les sirvieron para llenar horas y horas de televisión. Ejemplos de esto son la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley Sinde-Wert, la Ley Mordaza, la reforma laboral, las figuras impositivas… Cada gobierno se aprovecha de las tropelías del anterior. Incluso se producen vergonzosas condecoraciones de un presidente al anterior. Todo se mantiene igual, pase quien pase por la Moncloa, sólo hay ligeras diferencias coyunturales.

Las mentiras tienen fecha de caducidad, hay que estar renovándolas continuamente. La fe de la población se desgasta con el tiempo, nacen nuevas generaciones que no tienen ataduras nostálgicas y que no comprenden por qué las cosas no funcionan como deberían. De vez en cuando surgen conatos de descontento y a veces esta desazón se extiende por todo el territorio nacional y produce fenómenos como el 15M. Es entonces cuando, de repente, nace un nuevo salvador, un nuevo partido. Uno puro y limpio, que no es como los demás. La propia naturaleza del régimen de partidos español hace que, cada cierto tiempo, personas con una ambición de poder frustrada reconozcan el «cabreo» de sus vecinos ante problemas reales que han sido desatendidos por la clase política dominante. Estos oportunistas crean un nuevo partido bajo unas consignas con las que esperan atraer a una clientela que hasta ese momento está desamparada. Como una nueva Orden religiosa, ellos les suministrarán la fe y la esperanza que necesitan. Son la sangre nueva del régimen, que lo rejuvenece. El cambio para que todo siga exactamente igual.

Hasta aquí queda demostrado que en España la relación de poder está establecida de arriba hacia abajo. El jefe del partido más votado manda o negocia con ventaja con los jefes de los partidos menos votados. El jefe de cada partido acapara toda la fuerza mientras los diputados no tienen ninguna. Y por debajo de todos ellos, sin ninguna capacidad de decisión, estamos los gobernados. Queda demostrado, a su vez, que en España no existe la separación de poderes, ya que el presidente es puesto ahí por los diputados (obedientes); además, el gobierno no sólo ejecuta las leyes sino que además las redacta. El poder legislativo y el poder ejecutivo están en las mismas manos.

El síntoma claro es que no somos los protagonistas de nuestro destino, no tenemos la iniciativa; lo que se discute en el Congreso no ha sido llevado allí por nosotros, nuestros problemas son irrelevantes. Estamos vendidos, pueden obligarnos a hacer lo que ellos quieran, literalmente, y sólo podemos resignarnos a abrir el paraguas para aguantar el chaparrón. Somos sus rehenes.

Así pues, sabemos que nuestros intereses no serán defendidos por ningún político, que harán lo que les interese a ellos. Pero aún hay unas normas, unas leyes, aunque sean hechas por ellos mismos, que deben cumplir. ¿Qué ocurre si no lo hacen? ¿Qué hay de aquél otro poder, el judicial, que debe actuar como árbitro y condenar a los delincuentes?

La Administración de Justicia de España se compone de múltiples órganos, entre ellos el Ministerio Fiscal, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aparte de eso, aunque íntimamente relacionado, el gobierno tiene el Ministerio de Justicia (a estas alturas, si tiene usted buena memoria, verá que una misma persona puede ser a la vez ministro, diputado y tener influencia en los órganos judiciales, tres en uno).

El Ministerio Fiscal o Ministerio Público está compuesto por todos los fiscales en ejercicio y funciona de manera jerárquica, es decir, un fiscal que trabaja en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía está a las órdenes del Fiscal General del Estado. Este fiscal es designado por el gobierno y, como consecuencia obvia, nunca va a actuar contra el/los partidos que estén en el gobierno. Por si no lo sabe, el fiscal es quien que se encarga de realizar acusaciones cuando tenga noticia de supuestos delitos públicos (malversación, tráfico de influencias, robo…); puede actuar de oficio, es decir, llevando a juicio a alguien que presuntamente ha cometido un delito aunque nadie lo haya denunciado; también puede actuar a petición de parte, cuando le llega una denuncia de un ciudadano, en caso de que, tras valorarla, no la desestime.

El CGPJ está compuesto por 1 presidente, que es el mismo que preside el Tribunal Supremo, y por 20 vocales. De entre esos vocales, según el artículo 112 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, 12 son jueces y magistrados que las asociaciones de jueces han propuesto al Congreso y al Senado, o que se han presentado por libre reuniendo un número de firmas; de entre esas propuestas, ambas cámaras legislativas, es decir los políticos, eligen los que prefieran. Los 8 vocales restantes son abogados, no jueces ni magistrados, que según el artículo 122 de la «constitución» española, son a la vez propuestos y elegidos por el Congreso y el Senado, es decir, de nuevo, por los políticos. El CGPJ se encarga de decidir los destinos de los jueces (puede mover un juez que instruye un caso en Cataluña a Murcia, a hacer otra cosa), gestionar los expedientes disciplinarios y los ascensos, modificar el reglamento interno… El CGPJ es renovado al completo cada 5 años.

El Tribunal Supremo lo forman 1 presidente, elegido por el CGPJ, 5 presidentes de sala y 5 magistrados del Tribunal Supremo, todos ellos elegidos por los miembros del alto tribunal, que a su vez son designados por el CGPJ. Es un tribunal de justicia con jurisdicción en toda España y que está por encima del resto de tribunales de justicia.

Los presupuestos de la Administración de Justicia forman parte de los Presupuestos Generales del Estado, que son elaborados por el Congreso y el Senado y administrados por el Ministerio de Justicia, es decir, los políticos. El Ministerio de Justicia se encarga también de dar asistencia jurídica al Estado y tramitar los indultos, entre otras cosas.

Sí, lo que está usted pensando es cierto. La totalidad de la Administración de Justicia está en manos de los partidos políticos. Pero no nos quedemos sólo en la teoría, veamos casos prácticos.

Imaginemos por un momento que llega a nuestras manos un sobre con documentación que demuestra sin lugar a dudas que un diputado ha cometido un delito grave. Hablamos de un delito penal, como un caso de malversación o de pederastia. Vamos a una comisaría o un cuartel de la guardia civil y formulamos la correspondiente denuncia, adjuntando todos los indicios del delito posibles. Hagamos un terrible esfuerzo por creer que el Fiscal General del Estado no lo archiva en un cajón. Al tratarse de un diputado, y por tanto de un aforado, el caso será instruido por un juez del Tribunal Supremo en lugar de por tribunales inferiores, que son los que nos juzgan a los demás. No hay duda de que el Tribunal Supremo pedirá a la policía judicial que se esfuerce al máximo por recabar toda la información posible que pueda incriminar a una de las personas que eligieron a los miembros del CGPJ, que a su vez eligió al alto tribunal y que a su vez les eligió a ellos. Pero no vayamos tan rápido, que antes de mover un dedo hay que pedir permiso… al Congreso, lo que es conocido como el suplicatorio. Así lo dice el artículo 71 de la «constitución». No es una broma. Lo juro.

Si por un ataque de honestidad sin parangón (o, más probable, por conveniencias políticas) el Congreso aceptase y el Tribunal Supremo condenase al diputado, aún tendrían un as en la manga. El Tribunal Constitucional es utilizado cuando conviene para corregir las sentencias del Supremo, a pesar de que su nombre ya indica que no debe haber nada por encima. Recordemos que ser juez no es un requisito para entrar en el Tribunal Constitucional, no es un tribunal de justicia, es un tribunal político, elegido por políticos, al que pueden pertenecer políticos y al que sólo pueden presentar recursos de inconstitucionalidad los partidos con más de 50 diputados o 50 senadores, el presidente del gobierno, el Defensor del pueblo y unos pocos órganos más.

No sufra por el político ficticio de mi relato, está en la cárcel, sí, pero el Ministro del Interior procurará que disponga de las mayores comodidades que una prisión pueda proveer. Tampoco va a estar ahí mucho tiempo, el Tribunal Supremo pedirá rápidamente su indulto y el gobierno lo aprobará, a ser posible, en una fecha en la que pocos estén pendientes del BOE, como por ejemplo un 24 de Diciembre.

Parece que todo está bien atado pero de entre una veintena de vocales siempre puede salir algún garbanzo negro, así que ¿por qué mejor no hacer que todo dependa de una única persona, incapaz de escapar al control político? Mientras escribo estas líneas se está urdiendo una ley por la cual los fiscales, que dependen todos del Fiscal General del Estado, serían quienes instruirían los procedimientos penales, en lugar de los jueces.

Y por si todo esto fuera poco, el mero hecho de atacar judicialmente a este sistema de corrupción significa ponerte una diana en la espalda. Tal fue el caso de Roberto Macías, que destapó la trama criminal de UGT, a quien condenaron a 2 años de cárcel por revelación de secreto; de Jesús Candel (Spiriman), que se enfrentó y sigue enfrentándose a la Junta de Andalucía por múltiples casos de corrupción en el ámbito sanitario, a cuyos hijos amenazaron de muerte pintando una diana en la entrada de su casa con una foto de los mismos en el centro, entre otras muchas perrerías que le han hecho;

de Mario Díez, abogado enfrascado en una batalla judicial para destapar casos de pederastia con aparente vinculación política de gran altura, a quien una magistrada ha puesto una querella por injurias amén de mil trabas y zancadillas judiciales; de Ana Garrido, técnico del ayuntamiento, quien destapó la trama Gürtel y ha sufrido un brutal acoso laboral; o Luis Escribano, funcionario ex-jefe del Servicio de Educación y Promoción de los Consumidores de la Dirección General de Consumo de la Junta, denunciante de muchísimos trapicheos de la Junta de Andalucía, a quien destituyeron y acosaron laboralmente. Son sólo unos pocos, de muchos. ¿Podría ser peor? Podría: seguramente recuerde lo que hicieron con la jueza Alaya, instructora del caso ERE, reemplazada por María Núñez Bolaños, pero quizá no conozca que esta es la práctica habitual, cuando el acoso a los jueces, como el juez Presencia, no es suficiente. Es lógico y normal que existan delincuentes en cualquier nación y con cualquier sistema, lo que no puede ser es que no se persigan sus delitos.

Otro síntoma, la impotencia ante tanta injusticia, la sensación de total indefensión ante el poderoso, de que alzar la voz ante lo que está mal no merece la pena.

Diagnóstico

Todos estos síntomas apuntan claramente a una conocida enfermedad que nuestra nación lleva padeciendo más de 40 años, la enfermedad de la Gran Mentira, la que nos hace creer que España llegó a ser una democracia. No nos curaremos hasta que aceptemos lo que nos pasa y es que la dictadura, a quien nadie venció, mutó en una oligarquía de partidos, respetando la máxima de que el poder no se regala. Nuestra enfermedad tiene nombre, se llama Partidocracia.

Pero que no le invada el pesimismo, por fortuna tiene cura. Se trata de un tratamiento revolucionario descubierto por un científico español, costoso pero 100% efectivo: la Libertad Política Colectiva.