Muchos son los dolores que aquejan el cuerpo español. Cualquier persona adulta se da cuenta de que algo no anda bien, las cosas no funcionan como deberían y, después de tantos años, está claro que no es algo coyuntural. Hasta el más ignorante o despreocupado intuye que hay causas profundas para este desasosiego, algo que va más allá de lo que se ve en los programas de lucha libre política que tanto nos entretienen (y embrutecen). Cuando una persona siente dolor físico o nota alguna anomalía visualmente preocupante en su propio cuerpo, acude al médico para que haga un diagnóstico, es decir, para que evalúe los síntomas y de ellos deduzca las posibles causas que los producen. A menudo un servidor tiende a pensar que en España se conocen los síntomas pero no sus causas; sin embargo, con el tiempo me doy cuenta de que los pacientes ni siquiera saben los problemas que sufren. Es difícil que alguien busque la causa de algo si ni siquiera sabe que existe ese «algo». La mayoría percibe, siente o ha oído hablar de la tiranía, la corrupción, la ruina económica, la ineficiencia de las instituciones, los conflictos sociales… es algo que en algún momento de nuestra vida como españoles nos salpica, de una u otra forma. Cada día son menos los que achacan sus males a una persona, a un partido, a una crisis… cada día es más evidente que hay algo más y es menos soportable mirar para otro lado. Veamos si usted, lector, conoce realmente hasta dónde llega la gravedad y complejidad de esos grandes males que nos afligen.

Corrupción institucional

La cara más conocida de este mal es la económica. Corrupto es el que roba, dicen, demostrado ante un tribunal. Y frecuentemente, sólo es corrupto el que metió la mano, sin incluir a los que le rodeaban. Una «oveja negra» dentro del partido, vaya por Dios. Pero la corrupción es mucho más que eso, pues como veremos no se trata de una cuestión individual sino institucional. Si quisiéramos conocer las causas de este síntoma, nos preguntaríamos ¿por qué tantas personas en cargos públicos roban? ¿Por qué no ocurre lo mismo en otros Estados? ¿Qué mecanismos de control hay? Pero ese será el objeto de próximos artículos, aquí quiero dar a conocer la envergadura del síntoma en sí.

Ya he adelantado que es un problema institucional, estructural, que se reproduce en todos los rincones del Estado, en ayuntamientos, diputaciones, sindicatos (estatales, sí, ahora llegaremos), partidos (estatales, también), gobiernos autonómicos, administraciones públicas, cuerpos de seguridad, entidades sanitarias, entidades educativas, los órganos de Justicia, el propio gobierno del Estado y muchos más. Esto evidencia que hay gente implicada de todo signo y condición. Es imposible, a menos que se mienta interesadamente, establecer un patrón o una regla por la que un cierto tipo de persona (de derechas o de izquierdas, pobre o rico, formado o sin formar, idiota o listo) sea más propenso a la delincuencia dentro del Estado que otros. El síntoma entonces, quizás, no es que haya gente que roba sino que es el propio sistema el que roba, con independencia de quién lo maneja.

Cambiemos por un momento la perspectiva. Siempre se habla de los delitos, es decir, actos que van contra la Ley, pero ¿y qué hay del robo legal? A primera vista parece una contradicción, pero no se me ocurre otra forma de llamar al acto de meter la mano en la caja con permiso de las leyes para tu beneficio particular. Hay miles de ejemplos:

Concursos «a medida». Si es empresario le sonará. Concursos públicos a los que cualquiera puede presentarse (a unos les llega la noticia antes que a otros, claro) pero que exigen unas condiciones tan específicas que sólo una o dos empresas son capaces de cumplir: una titulación concreta de los empleados, unos plazos de entrega imposibles, unos costes de risa… Pliegos en los que sólo faltaría que escribiesen directamente cómo debe llamarse la empresa que aspire a la adjudicación. Libre competencia, vamos. Luego esas condiciones imposibles, una vez empezado el trabajo, desaparecen, y los precios y plazos se multiplican por 10, siendo el contribuyente, usted y yo, quienes pagamos la fiesta. Hay quienes lo hacen rayando la ilegalidad, y quienes no se conforman con eso. El señor Jaime Gómez-Obregón, ingeniero de datos, está realizando por su cuenta (y el apoyo económico en Patreon) un exhaustivo estudio sobre la contratación pública, extrayendo conclusiones que confirman lo que siempre ha sido vox populi.

La Administración Paralela de Andalucía. Puede que no esté usted al tanto de que, al menos en Andalucía, disfrutamos del doble de servicios y beneficios públicos que en otras comunidades. O eso podríamos pensar al saber que estamos pagando dos administraciones autonómicas. Sí, como lo lee. Una, compuesta por funcionarios de carrera, protegidos por una serie de derechos que les permiten negarse a participar en corruptelas (aunque no están del todo exentos de sufrir represalias); la otra, compuesta por empleados públicos bien «desechables» o bien «de la cuerda», que acatan lo que se les diga.

Empresas públicas y ayuntamientos como agencias de colocación de amigos como empleados públicos.

Agencias y fundaciones. ¿Le suena la agencia IDEA? ¿Y la FAFFE? ¿Y la agencia AMAYA? Entidades de reparto de dinero público para todo tipo de fines particulares, con apariencia de públicos.

Encomiendas de gestión. Esto es difícil de imaginar, pero es el procedimiento habitual. ¿Preparado? Vamos allá. Imagine un gobierno autonómico que quiere realizar una obra pública; la consejería correspondiente tiene recursos para llevarla a cabo, pero dice que no los tiene, que necesita pedir ayuda; por la Ley de Contratos del Sector Público, la consejería no puede contratar directamente una empresa privada, por lo que utiliza una empresa o agencia pública competente; la agencia utilizada dice que tampoco tiene medios para hacer el trabajo, por lo que tendrá que subcontratar, ahora sí, a una empresa privada. Nótese también, que la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas impide que tal consejería contrate empresas donde trabajen familiares de los cargos públicos que otorgan los contratos. Bien pues ahora imagine que es usted un consejero, y su hermano tiene una empresa que fabrica señales de tráfico, pero usted no puede contratarle por los motivos antes citados; una consejería no, pero una empresa pública… ah, esa sí que puede, así que utiliza una empresa pública como intermediaria y ésta a su vez contrata a su hermano, el de las señales. Pues eso es una encomienda de gestión. Y de camino, la empresa pública intermediaria, que no ha hecho nada, dice que ha tenido unos «gastos de gestión» y se embolsa unas dietas a repartir entre quien toque. Esto es algo que lleva mucho tiempo denunciando el funcionario Jaime González Díaz, a quien han fulminado por meterse donde no le llaman.

Subvenciones públicas a fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos. O lo que es lo mismo, financiación de campañas electorales interminables de los partidos políticos que ya tienen escaños.

Cabe recordar, llegados a este punto, que seguimos viendo ejemplos de robo totalmente LEGAL. Intente imaginar la cantidad de dinero que podríamos sumar hasta ahora. Continuemos.

Subvenciones públicas a fundaciones y asociaciones que actúan en el extranjero, con nombres y objetivos en ocasiones descabellados. Por ejemplo: «Reducción de la mortalidad materno-infantil y promoción de la salud sexual y reproductiva en Burkina Faso» con un coste de 1.047.000 euros, o «Contribución al logro de la soberanía alimentaria en las provincias de Maputo y Gaza, en Mozambique», por 2 millones de euros. ¿Cuánto de ese dinero cree usted que llega a su destino?

Subvenciones públicas a partidos políticos. Dinero público, de sus impuestos, repartido entre todos los partidos políticos con escaños, es decir, al partido que usted votó y a su contrario. Insisto, si usted siente algún tipo de antipatía por un partido, sepa que le está pagando las fiestas. No es un dinero que sirva para procurar una igualdad de oportunidades a la hora de hacer campaña o funcionar ya que un partido sin escaños no tiene derecho a percibirlo. Los que están dentro tienen ventaja. Tampoco es un dinero destinado a pagar los sueldos de los cargos públicos, eso va aparte, sino dinero que va al partido, una organización con intereses privados que lo gastará en lo que más beneficie a su cúpula. Para más inri, el día de las elecciones reciben un extra, según número de votos obtenido (0,81€ por voto) y número de escaños obtenidos en el Congreso y en el Senado (21.167,64€ por escaño). En total, un año en el que no hay votaciones, se reparten casi 53 millones de euros. En 2019, el coste electoral total fue de 450 millones de euros, por la repetición de votaciones. Hay partidos cuyo patrimonio procede del erario público en un 80%. Es lógico que quieran blindarlas. La excusa para todo este latrocinio es que, al tener el dinero necesario para funcionar asegurado, los partidos no se verán tentados a favorecer a entidades privadas (aunque las donaciones privadas están permitidas, hasta un máximo de 50.000 euros). Lo cual es un mal chiste, teniendo en cuenta las deudas que los partidos más grandes tienen con los principales bancos, y que estos últimos «perdonan» cada cierto tiempo. Son buena gente estos banqueros, atrévase a no pagar la hipoteca este mes. Pero esto, no interesa. A partir de 2015 no pueden hacer más condonaciones, pero no se preocupe, escarbe en la legislación vigente que seguro encontrará un mecanismo de reemplazo o una grieta, llámese «renegociación de la deuda» o como ellos quieran. En definitiva tenemos unos partidos políticos estatales, pagados por el Estado, que no necesitan las cuotas de sus militantes para nada (y por tanto tampoco a estos últimos) y sujetos únicamente a intereses particulares y de terceros, que nada tienen que ver con los nuestros. Otro síntoma, la desafección política, el abismo que cualquier español nota entre sí mismo y la oligarquía política.

Subvenciones públicas a sindicatos y patronal. Organizaciones que actúan como partidos políticos, o como extensión de estos. Reciben cuantiosas subvenciones estatales: entre 8 y 15 millones anuales se reparten los principales sindicatos (aunque hay alguna honrosa excepción que no percibe dinero público), y entre 4 y 5 millones la patronal. Sindicatos estatales, como en tiempos pretéritos, con miedo a morder la mano de quien les da de comer una suculenta pieza anual. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué un sindicato al que usted no está afiliado negocia en su nombre la legislación laboral, y por qué tiene la sensación de que le han vendido, cuando acaba la negociación? La misma pregunta vale para los empresarios y la patronal.

Dietas innecesarias. El objetivo de las dietas es indemnizar al trabajador por los gastos que haya podido tener para cumplir el trabajo. Es un ingreso por el que el trabajador no tiene que pagar impuestos. En el caso de los diputados, perciben dietas por desplazamiento y por alojamiento. Esto no sería un problema si aquellos que viven en Madrid o que no van al Congreso dejasen de percibirlas.

Seguimos hablando de robos LEGALES, no se puede usted quejar. Repito, no puede.

Sueldos estratosféricos. Todos los diputados cobran de base lo mismo, 2.981,86€ al mes, a lo que hay que sumar dietas, complemento según su función en el Congreso y una serie de privilegios. En total el ingreso puede rondar los 6 mil euros. No está nada mal para la mayoría, cuya única función es apretar el botón que le indique su jefe, aplaudir muy fuerte y aguantar el sueño mientras otros actúan (interpretan) en la tribuna. No olvidemos el titánico esfuerzo por no jugar al Candy Crash. Aun así, tal cantidad (unos 72 mil euros anuales) podría ser razonable para un diputado asumiendo que cumple sus funciones, lo verdaderamente sangrante ocurre cuando uno ve sueldos de casi 200.000 euros anuales como el percibido por una presidenta del Congreso, 150.000 euros como el de un presidente de comunidad autónoma, o como los 100.000 euros que ingresan ciertos alcaldes. También llama la atención cómo se ponen todos de acuerdo para subirse el sueldo a pesar de la crisis que sigue azotando a la nación.

Comisiones de investigación en el Congreso. Son agrupaciones de diputados a los que se encomienda un trabajo, y que se disuelven una vez finalizado éste. El resultado, como se desprende del Reglamento del Congreso, artículo 52.4, no sirve para nada. Los diputados que pertenezcan a tales comisiones recibirán un complemento salarial, según el cargo, de entre 704 y 1.445 euros. El mismo diputado no puede cobrar el mismo plus por el mismo cargo en distintas comisiones. Esto produce una vergonzosa proliferación de comisiones y un reparto de diputados (esto lo decide el aparato de cada partido) para ocuparlas.

Cargos de confianza. Pueden ser nombrados a voluntad por determinados cargos públicos, como el presidente del gobierno, que es tan confiado que dispone de 670 asesores, aunque otras fuentes cuentan 800, entre los cuales hay quien llega a cobrar 126.124 euros anuales.

Impuestos sobre impuestos. Eche un ojo a su factura de la luz, verá que se aplica un impuesto especial sobre la electricidad. Ahora observe con incredulidad cómo al total, impuesto incluido, se le aplica nuevamente otro impuesto, el IVA.

Impuestos cada vez mayores, cuando les viene en gana. Hemos pasado de un IVA general del 12% en 1986, al 21% en la actualidad; de un IRPF mínimo del 15% en 1978 (que sustituyó al IRTP, del 12%) a un 19% en la actualidad (súmese, además, el recargo de la comunidad autónoma, que en Cataluña lo hace subir al 21,5%); aumentos continuos de las cuotas de autónomos, ascendiendo la cuota mínima a los 286 euros; subidas del IBI (2012, 2018, 2020); impuestos especiales y generales a los carburantes, de manera que la mitad del precio que pagamos por cada litro de gasolina son impuestos lo cual, como usted sabe, afecta al precio de todo lo que consumimos, sea comida, luz, medicinas, etc. y no contentos con eso aún los quieren subir más con excusas como la protección del medio ambiente, que mucho no les debe preocupar cuando España ha sido el sexto país del mundo con más coches oficiales, llegando en la actualidad a sumar más de 36.000 automóviles; y podríamos hacer una lista de la infinidad de impuestos que pagamos (sociedades, patrimonio, donaciones y sucesiones, vehículos de tracción mecánica, actividades económicas…), pero para qué marearnos. No sólo es cuestión de subir los impuestos existentes, siempre pueden crearse más, o quitar la posibilidad de deducirlos. Las familias españolas soportamos una presión fiscal brutal, a pesar de lo que dicen las estadísticas de la OCDE, hasta el punto de que más de la mitad de nuestro sueldo va a parar a las arcas públicas. Sí, trabaja usted la mitad del año para alimentar este robo legal. Existe la creencia entre los empleados de que «sólo» pagan el IRPF y la cuota de la SS que aparece en sus nóminas, pero no amigos, la empresa está pagando mucho más a la SS por nosotros, en torno al 30% de nuestro salario. Es decir, el Estado utiliza a la empresa como recaudadora de nuestros impuestos, ese dinero lo está pagando el empleado, no la empresa. Es un dinero que la empresa incluye en el coste de contratación de cualquier empleado, afecta a la decisión de si le van a contratar o no.

Otro síntoma, la sensación de expolio, de incapacidad de ahorrar, que lleva a muchas personas honradas a ver con buenos ojos el color negro.

Inventos puntuales para repartir fondos. Hay clamorosos ejemplos como el estudio del «impacto de género» del soterramiento de la M-30, o las indemnizaciones por daños al patrimonio en el franquismo.

Mascarillas obligatorias con un 21% de IVA.

El canon digital.

Embajadas autonómicas en el extranjero. Hasta 149 de ellas, con un coste de millones de euros.

Privilegios. Ya mencioné los chóferes que pasean a los políticos, más de 36 mil (multiplicado por los sueldos, que rondan los 30 mil euros por cabeza, llega al millón de euros); hay que decir que algunos rechazaron este privilegio, hubiese estado bien que también rechazaran recibir el sueldo del chófer. Los coches están bien para distancias cortas, pero cuando hay que viajar más lejos lo mejor es tomar un avión, a ser posible con suculentos descuentos pactados con Iberia, como un 46% en clase Business para vuelos nacionales. Mucho mejor si se dispone de un avión «privado» que gasta decenas de miles de euros, donde se come de lujo. No es para menos después del incremento de 200.000 euros del presupuesto, que de seguro hace que las croquetas sepan a gloria. Y, como en todos los sitios a los que van siempre hay gente, de esa que huele raro y viste mal, mejor protegerse con unos cuantos guardaespaldas (policía nacional y guardia civil) de entre los 495 que hay. No importa que ya no estén ocupando un cargo público, también tienen derecho. Si consiguen llegar a ciertos cargos, como el de presidente del gobierno o el de una comunidad autónoma, dispondrán de una paga vitalicia de unos 90.155 euros anuales desde el momento que dejen el cargo; si son parlamentarios, bastarán 11 años en el escaño para obtener derecho a la pensión máxima, de hasta 3.000 euros mensuales. Recuerde que usted debe cotizar 35 años y 10 meses para obtener la máxima (de unos 2.683 euros, suponiendo una cotización alta), o un mínimo de 15 años para obtener la mínima, de entre 604 y 843 euros, redondeando (algo más en caso de invalidez). La sensación de pertenencia a un rango social inferior, y su contraparte, las ganas de ascender de rango por la vía rápida para disfrutar de las mieles de la política, suponen otro síntoma más que retuerce la conciencia de los gobernados.

Después de esta demostración, creo que no hace falta explicar que lo legal y lo moral no siempre van de la mano. No me extenderé aquí sobre la importancia de la moral, porque seguiremos hablando de los síntomas y no las causas, pero conviene no olvidar que una persona no es corrupta por robar, el robo requiere una corrupción moral previa.